PODER Y CONTROL CIUDADANO

Es indudable que todos los días comprobamos actos innobles cometidos por diputados y senadores, y que la ciudadanía nada puede hacer para modificar, castigar, y hasta expulsar a quienes no cumplen con las promesas que formularon cuando estaban haciendo sus respectivas campañas proselitistas.

Estos años nos han demostrado que, en muchos casos, los mandantes, elegidos como autoridades, se independizan de sus poderdantes y hacen lo que les viene en ganas, como si su actuación política no tuviera nada que ver con sus electores.

Esta situación contradice la propia esencia de las democracias republicanas, que se basan y reconocen en el pueblo elector a su único soberano. El elector, al depositar su voto, le está dando una representación suya al candidato. En esa lógica, se entiende, espera y supone que el candidato, una vez electo, debe cumplir el mandato, dentro de los lineamientos definidos de antemano en la campaña, sin apartarse de los términos de ese pacto.

De ahí surge la idea de que la única solución para esta situación, es que implementemos un sistema de rendición periódica de cuentas de los que tienen cargos electivos a su electorado. En dicho sistema, las autoridades electas irían informando sobre sus actividades y del cumplimiento de los términos del programa prometido en sus campañas. De más está decir que puede ser un sistema de control popular válido sobre sus mandatarios. El electorado, como poderdante, debería tener el poder de renovar su mandato o revocarlo. Esto surge como un camino que pudiera corregir la corrupción y fortificar la participación popular en la democracia. Hay que ir pensando, para que cuando llegue el momento en que se modifique la Constitución Nacional, que uno de los elementos fundamentales que debe abarcar la nueva Carta Magna es el del control ciudadano sobre sus mandantes.

La salud y la calidad de la democracia dependen en mucho de la calidad de los señores parlamentarios nacionales, así como de los concejales departamentales y municipales. La ciudadanía tiene el derecho de controlar efectivamente a quienes eligieron, así como el derecho a sancionarlos, censurarlos y hasta desecharlos, si no funcionan, o si lo hacen mal. De lo contrario, seguiremos teniendo legisladores enriquecidos, utilizando el poder otorgado por la ciudadanía sin que eso suponga una verdadera representación que defensa los intereses de esa misma ciudadanía.